El régimen de Zona Fría, en crisis: el gobierno ajusta el recargo para que se autofinancie

La Casa Rosada sube el recargo para reducir el peso sobre el Tesoro y apunta al kirchnerismo por la expansión sin sustento del beneficio.

El Régimen de Zona Fría, originalmente pensado para abaratar el costo del gas en regiones de bajas temperaturas como la Patagonia, Malargüe o la Puna, enfrenta una profunda crisis de sustentabilidad. El gobierno nacional acaba de subir el recargo que financia el sistema del 5,4% al 6%, pero advierte que, aun así, no alcanza para cubrir los subsidios que hoy reciben la mitad de los usuarios del país, incluyendo sectores con ingresos altos y sin condiciones climáticas adversas.
Se trata de un esquema de subsidios sobre la tarifa de gas, destinado a regiones donde el uso de calefacción es indispensable gran parte del año. Fue creado en 2002 junto con el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas –conocido como Fondo Patagónico– para compensar las tarifas en el sur del país, donde el clima riguroso y el alto costo de vida hacen necesario un tratamiento diferencial.

La ampliación de 2021
En 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández y con impulso directo del entonces interventor de Enargas, Federico Bernal, el Congreso aprobó una ampliación del régimen a zonas que no presentan condiciones climáticas severas. Así se pasó de 79 departamentos beneficiados a 230 en 14 provincias, incluyendo sectores del conurbano bonaerense, el centro de Córdoba, el sur de Santa Fe y casi toda la provincia de San Luis.
Desde el oficialismo de ese momento se lo justificó como una “ampliación de derechos”. Pero desde la oposición y sectores técnicos advirtieron que no había un sustento climático ni financiero, y que el sistema no iba a poder sostenerse. La advertencia se confirmó con el paso del tiempo.

¿Cómo se financia?
El régimen se paga a través de un recargo en las tarifas de gas que abonan los usuarios de zonas no subsidiadas, es decir, templadas. En 2021, Bernal aseguró que bastaba con elevar el recargo del 4,46% al 5,44% para cubrir los costos, pero eso nunca se concretó. La suba fue mínima y el Tesoro Nacional tuvo que cubrir el resto con fondos públicos.
Ahora, en 2025, el gobierno de Javier Milei decidió subir ese recargo al 6%. Sin embargo, fuentes oficiales reconocen que debería llegar al 10% para que el sistema funcione sin aportes extra del Estado.

El problema: un régimen que perdió su sentido original
La ampliación del subsidio generó una paradoja: creció el consumo en zonas con clima templado y buena situación económica, mientras que en las regiones que no reciben subsidios, la demanda cayó. Un informe de la consultora Economía y Energía reveló que entre 2021 y 2024 el consumo en zonas nuevas del régimen subió un 7%, y cayó hasta un 9% en las que quedaron afuera.
Así, el beneficio llega hoy a hogares sin vulnerabilidad, con descuentos del 30% y hasta el 50% para jubilados, beneficiarios de AUH, pensiones o electrodependientes, muchos de ellos ubicados en zonas del AMBA con alto Producto Bruto Interno per cápita.

El Fondo Patagónico y el tope del recargo
El fondo que da origen a este esquema fue establecido en la Ley de Presupuesto 2002 y desde entonces ha sufrido sucesivas actualizaciones. La ley permite que el recargo se eleve hasta un máximo del 11,25%, pero aún se encuentra por debajo de ese umbral. La última suba, firmada por el actual gobierno, lleva el porcentaje al 6% mediante la resolución 356/2025.

Un sistema politizado que necesita revisión
La expansión del régimen durante el gobierno anterior fue vista por muchos analistas como una decisión más política que técnica, con el objetivo de sumar votos en distritos populosos. El problema es que el costo del beneficio, mal distribuido, se disparó y el esquema dejó de cumplir su propósito original: compensar el esfuerzo económico de vivir en zonas verdaderamente frías.
Desde el Ejecutivo actual aseguran que, como la medida fue aprobada por ley, no es posible dar marcha atrás sin respaldo legislativo, algo improbable en un año electoral. Por eso, el camino elegido fue subir el recargo para que el Estado nacional reduzca su participación en el financiamiento del régimen.    (Fuente: ecojournal)