El Gobierno avanza con el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina
Con esta iniciativa, se vendería el 44 % de las acciones mediante licitación pública nacional e internacional. El estado mantendría la mayoría accionaría.
por REDACCIÓN CHUBUT 30/09/2025 - 09.02.hs
El Poder Ejecutivo formalizó este jueves, a través del Decreto 695/2025, el inicio de la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), empresa estatal dedicada a la generación de energía nuclear. La iniciativa prevé la venta de acciones a inversores privados y un Programa de Propiedad Participada, mientras que el Estado conservará el control mayoritario.
En la actualidad, NASA pertenece en un 79 % al Estado nacional, en un 20 % a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y en un 1 % a Energía Argentina S.A. (ENARSA). Con el nuevo esquema:
- Se venderá el 44 % de las acciones mediante licitación pública nacional e internacional.
- Se destinará un 5 % al Programa de Propiedad Participada para trabajadores.
- El Estado nacional y la CNEA retendrán el 51 %, garantizando la mayoría accionaria.
Asimismo, se dispuso que ENARSA transfiera su 1 % al Estado y que Nucleoeléctrica ceda el 0,01 % de su participación en ENARSA.
Argumentos oficiales
El Gobierno sostiene que la apertura al capital privado permitirá financiar proyectos estratégicos, entre ellos la extensión de la vida útil de Atucha I —prevista para 2027— y el desarrollo del sistema de almacenamiento en seco de combustibles para Atucha II. También busca reducir el déficit fiscal y diversificar riesgos en la gestión de la compañía.
En 2023, NASA recibió transferencias estatales por 700 millones de pesos para sostener inversiones. Según el Ejecutivo, la incorporación de inversores privados reforzará la competitividad de la empresa.
Producción récord y próximos pasos
Durante 2024, Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de generación nuclear, con 10,4 millones de MWh y un factor de carga del 73,3 %. El decreto reconoce esa capacidad técnica, pero advierte que para sostener el rendimiento y concretar nuevas obras es necesario sumar financiamiento externo.
El proceso será ejecutado por el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. La licitación tendrá alcance nacional e internacional bajo el marco de la Ley 23.696.
Además, la Secretaría de Trabajo deberá evaluar la viabilidad del Programa de Propiedad Participada y presentar un informe a la Comisión Bicameral del Congreso.
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