Inseguridad: La falta de recursos

En el medio de la cuestión se ha introducido un tema de legislación, la modificación del Código Procesal Penal, que establece el procedimiento sobre la materia penal en nuestra provincia y que no ha merecido, hasta ahora, por el Poder Legislativo el tratamiento que se pretende por parte del Ministerio Público Fiscal de la provincia. En principio creo que debemos separar las cuestiones por cuanto, si no lo hacemos, podemos confundirnos en nuestro análisis. El código procesal penal y el derecho penal regulan sobre el delito ya cometido y sobre la absolución o condena de la persona o personas que hubieran intervenido en un hecho anterior y que ya generó consecuencias para la víctima y/o para la sociedad. O sea que el fenómeno del delito es anterior a toda intervención del Poder Judicial. Por una cuestión de brevedad me quiero referir, por ahora, al delito, aun cuando también habría que referirse a las consecuencias de una condena, esto es a la ejecución de la pena. Dado que en los últimos años hemos observado una fuerte desinversión en sectores clave de las obligaciones del Estado, de las que hoy pagamos sus efectos, creo que es necesario remarcar la íntima relación que existe en sectores en los cuales deberían ser volcados los recursos que, lamentablemente, se retacean para ser dedicados a otras actividades. Todos sabemos lo que ha pasado con el sistema educativo, con la seguridad y por otro lado con la llamada corrupción, que importa la comisión de delitos por parte de funcionarios desde el Estado, con la participación de sectores privados en algunos casos, sin que se tenga la sanción que por ley le correspondería. Cuando se comete un delito y existe una víctima, allí se están violando los derechos humanos. Cuando se niega la educación de manera sistémica, también se violan los derechos humanos, dejándose a la buena de Dios a aquellos niños y jóvenes que no puedan tener su contención familiar. Cuando estamos en presencia de actos de corrupción, se violan los derechos humanos de toda la sociedad. Suponer que los derechos humanos están solamente para proteger al delincuente es un error y debe ser desterrada esa idea por cuanto no es verdadera. Culturalmente debemos exigir la presencia de los derechos humanos por el hecho de ser.
Retornemos entonces a la primera cuestión, el hecho del delito. Para su disminución creo que debemos contar con los instrumentos que el Estado, sea nacional, provincial o municipal, cuente para su prevención. En síntesis, cuánto dinero o que presupuesto destina el Estado para contener esa calamidad que no quiere respetar el orden, la vida y la propiedad ajena. Si ese presupuesto es insuficiente, fruto de objetivos políticos distintos para quienes gobiernan, que priorizan otros sectores o incurren en verdaderas malversaciones, el delincuente se empodera. Si el recurso es insuficiente, por falta de instrumentos para quien tiene el monopolio de la fuerza, llámese Policía provincial u organismos municipales contando con esquemas de baja tecnología, bajos sueldos, insuficiencia de patrullas por sectores con sus correspondientes vehículos o con la presencia de efectivos en la calle o en la zona rural; con controles fijos y en horarios condicionado por el clima o la luz diaria o con tácticas y estrategias liberadores de sectores, seguramente el delito continuará y se acrecentará. El control se ha convertido en un «control recaudador». Hasta el secuestro de los vehículos ha sido objeto de saqueo y cuando muchos propietarios o tenedores legitimados los han querido retirar se han encontrado con verdaderas sorpresas. El sistema entonces tiene variadas deficiencias. No obstante se pretende que Chubut sea un polo de atracción para turistas, activando la afectación de fondos por parte del Estado Provincial a su agencia. Todo un contrasentido.
Para concluir con esta breve reflexión, si desde el poder político no se asume con responsabilidad la difícil situación que para los habitantes representa la inseguridad, nada se podrá lograr reformando una ley que corre con posterioridad al hecho cometido. Para ello se debe invertir, para que no se cometan con tanta simpleza los delitos y, establecida la condena del delincuente efectiva, que ésta pueda ser cumplida en los establecimientos que corresponda según la ley.