Expulsan del país a boliviano condenado por abuso sexual en Chubut

La decisión fue adoptada por la jueza de Ejecución de Puerto Madryn, Carla Flores, y recayó sobre el acusado, quien cumplía una condena de ocho años de prisión por abuso sexual agravado por la convivencia, abuso con acceso carnal y abuso sexual simple. El fallo original fue dictado en abril de 2024 por la jueza penal Patricia Reyes.
El condenado residía en el barrio Pujol II de Madryn y había sido hallado culpable de múltiples agresiones sexuales contra una menor. Con base en la Ley de Migraciones Nº 25.871 y la Ley de Ejecución Penal Nº 24.660, la jueza Flores consideró que el hombre ya cumplió el plazo mínimo de condena requerido para que se haga efectiva la expulsión del país.
La medida se apoya en una resolución administrativa emitida en marzo de este año por la Dirección Nacional de Migraciones, que canceló su residencia permanente en Argentina y le prohibió reingresar de manera definitiva. La resolución no fue apelada ni por el condenado ni por su defensa, por lo que fue considerada firme por la magistrada.
En línea con lo establecido por el fallo, la jueza ordenó la coordinación del traslado con INTERPOL y las autoridades migratorias, para asegurar que el ciudadano sea entregado a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia. También instruyó a las fuerzas de seguridad federales y organismos de control fronterizo a impedir su eventual regreso al país. En caso de incumplir la prohibición de reingreso, deberá completar el resto de su condena en prisión, cuya extinción fue diferida hasta 2029.
Este caso se suma a otras decisiones recientes en Chubut, donde Flores también dispuso la expulsión de ciudadanos extranjeros con antecedentes penales, entre ellos dos ciudadanos chilenos involucrados en un raid delictivo en la región patagónica. Tras estas resoluciones, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia recomendó revisar la situación de detenidos extranjeros en condiciones legales de ser expulsados.
El fallo marca un precedente importante en la articulación entre el derecho penal y la política migratoria, al aplicar herramientas legales vigentes desde hace más de una década, pero hasta ahora escasamente utilizadas en el ámbito judicial provincial.