Piden declarar inconstitucional el DNU que elimina Vialidad Nacional y suspender su aplicación en Chubut

En la presentación a la que tuvo acceso EL CHUBUT, FUNDACC solicitó de manera urgente una medida cautelar de no innovar, con el fin de suspender los efectos del decreto hasta tanto el Estado nacional garantice “de modo fehaciente” la continuidad, mantenimiento, conservación y reparación de las rutas nacionales que atraviesan la provincia del Chubut. El planteo se basa en la necesidad de preservar los derechos constitucionales a la vida, la integridad física y la libre circulación de las personas.
El recurso advierte que la abrupta disolución de estos organismos sin una estructura sustitutiva operativa, pone en grave riesgo la seguridad vial y el acceso seguro a bienes y servicios, especialmente en una provincia extensa y conectada en su mayoría por rutas nacionales. En este sentido, el amparo menciona como ejemplo concreto a la Ruta Nacional N°3, que une Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Rawson, y cuya conservación depende de los organismos afectados por el DNU.
Asimismo, la presentación subraya que Vialidad Nacional fue creada por ley en 1958, por lo que su disolución mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional resulta, según FUNDACC, inconstitucional. En el texto, los patrocinantes explican que el DNU “vulnera el principio de legalidad y división de poderes” al pretender derogar una ley mediante una norma de menor jerarquía.
Además, el amparo argumenta que la medida adoptada por el Gobierno Nacional desconoce tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obligan al Estado argentino a garantizar el derecho a la vida y a condiciones seguras de tránsito.
FUNDACC también plantea que la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial implica el desmantelamiento de un organismo que ha desempeñado un rol fundamental en la prevención de siniestros y en la educación vial. La ausencia de una política pública nacional sobre seguridad vial –dice el escrito– agrava el riesgo en zonas como la Patagonia, donde las distancias entre centros urbanos son grandes y las condiciones climáticas muchas veces adversas.
La acción fue presentada como “colectiva y de naturaleza preventiva”, ya que el objetivo es evitar daños antes de que ocurran y proteger el interés de todos los usuarios de las rutas nacionales que atraviesan la provincia.
Ahora, se espera una pronta resolución del Juzgado Federal de Rawson en torno a la admisibilidad del recurso y al tratamiento de la medida cautelar solicitada.