El STIA denunció a Conarpesa por la liquidación de haberes y el peso de los cajones de langostino y evalúa un paro general

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) presentó una denuncia formal ante el secretario de Trabajo de la Provincia, Nicolás Zárate, contra el grupo económico que responde a Fernando Álvarez Castellano e integra Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A., Agropez S.A. y Worldwide Fishing Company (WOFCO).

La presentación, firmada por el secretario gremial José Luis ‘Pepe’ Díaz, acusa al grupo de incumplir «grave y flagrantemente» el Convenio Colectivo de Trabajo y la normativa laboral de orden público, a partir de dos conductas que la empresa habría anunciado públicamente en medios especializados pesqueros.

El primer punto cuestionado es la intención de la firma de instrumentar cooperativas o asociaciones intermediarias para el procesamiento de la materia prima en tierra. El STIA remarcó que esa modalidad está expresamente prohibida en la Ley Provincial de Pesca, que establece que el procesamiento no puede realizarse a través de cooperativas, asociaciones o empresas intermediarias. Según el sindicato, cualquier intento de la empresa de avanzar en ese sentido choca directamente contra la norma.

El segundo eje de la denuncia apunta a la forma de liquidar los salarios. El escrito cita la Ley de Contrato de Trabajo, que prohíbe pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las establecidas en los convenios colectivos, y que el pago de las remuneraciones debe realizarse por «hora» o por «producción». Para el caso del pago por producción, el artículo 21 del mismo convenio establece que la liquidación debe calcularse en función del kilaje neto producido, multiplicado por los valores fijados en la Tabla de Factores.

El STIA denunció que la empresa pretende imponer, de manera unilateral, una modalidad de pago «por cajón» que no está prevista en el convenio colectivo ni fue acordada con el sindicato ni con los trabajadores de forma individual, por lo que la calificó de «ilegal, arbitraria y contraria a derecho», y advirtió que esa modificación generaría diferencias salariales en perjuicio de los trabajadores.

Ese reclamo se conecta con un tercer punto de la denuncia, vinculado al peso máximo permitido para los cajones de langostino. La normativa nacional fija en 17 kilogramos el límite de langostino que puede contener cada cajón en los buques fresqueros. El sindicato sostuvo que es de conocimiento público que numerosos cajones superan ese límite y llegan a contener al menos 23 kilos, lo que —combinado con el sistema de pago «por cajón» que la empresa pretende instaurar— implicaría una doble vulneración de los derechos de los trabajadores: se les pagaría como si hubiera un cajón de producción, cuando en realidad la cantidad de kilos procesados sería muy superior a la reconocida.

A partir de estos puntos, el STIA invocó el principio de legalidad para todos los órganos y agentes de la Administración Pública, y sostuvo que tanto la Secretaría de Pesca como la de Trabajo tienen la obligación de abstenerse de otorgar permisos de pesca o de homologar acuerdos que contradigan la normativa vigente, ya sea convencional o de orden público. El sindicato recordó además que el artículo 53 de la Ley Provincial de Pesca faculta a la Autoridad de Aplicación a sancionar las infracciones a las leyes, decretos y resoluciones que regulan la actividad pesquera, y solicitó que se apliquen las sanciones más severas previstas en el artículo 54 de esa misma norma, dada la gravedad de los hechos denunciados.

En ese marco, el STIA requirió formalmente que se intime a las firmas denunciadas a dar cumplimiento inmediato a la forma de pago establecida en el CCT 372/04, integrando en un plazo mínimo las diferencias salariales adeudadas a los trabajadores, y que se apliquen las multas máximas previstas por la normativa vigente.

El sindicato advirtió, además, que si el Gobierno provincial incurre en silencio o evasivas frente al reclamo, lo hará responsable solidaria y exclusivamente de los daños y perjuicios que pudieran sufrir los trabajadores. Como medida de presión, el gremio planteó que evaluará ejercer el derecho a huelga y realizar un paro total por tiempo indeterminado en todos los parques industriales pesqueros de la provincia, incluyendo Puerto Madryn, Rawson y Comodoro Rivadavia.