Legislatura aprobó traspaso de las acciones de YPF y la reversión del área «Restinga Alí»

El acta acuerdo para la reversión del área Restinga Alí, en medio de la salida de YPF de Comodoro Rivadavia, generó fuertes cruces y pases de factura entre los diputados del oficialismo y los opositores del justicialismo. La ley salió aprobada con los votos del oficialismo más el de Daniel Casal, del partido «Familia Chubutense», que se integró al frente del gobernador Ignacio Torres rumbo a las legislativas de octubre.
El presidente del PJ Chubut, el diputado Gustavo Fita, cuyo referente es el precandidato Juan Pablo Luque, ironizó que parecía que en el gobierno de Torres «están más nerviosos que nosotros» de cara a la interna contra Dante Bowen el próximo 3 de agosto. «Se ponen muy nervioso, me encanta, hay ministros mandando a votar, están más nerviosos que nosotros», disparó.
El diputado del PRO, Emanuel Fernández, contraatacó parafraseando el slogan de Juan Pablo Luque sobre «el silencio que aturde». No nos quedemos callados, callados los tuvimos muchos años», disparó el joven que les reprochó que «ahora vuelven a hablar de la reconversión productiva».

POLEMICA CON COMODORO
En la previa de la sesión, el intendente comodorense, Othar Macharashvili, había ingresado un reclamo en la Legislatura objetando que «faltaba información» para avanzar en el tratamiento de ese proyecto y llevó un planteo de índole jurisdiccional. «Alertamos sobre la existencia de defectos en el proceso, la afectación de la autonomía municipal y de las previsiones de la Carta Orgánica Municipal», expuso en la nota.
Además, remarcó que «conforme a los altos intereses de la comunidad comodorense, como parte interesada en la preservación del ambiente y el ecosistema marino, cumplo en reclamar la recomposición efectiva del mismo en cuanto haya sido afectado por la explotación, debiendo descansar esta responsabilidad en el generador del daño».
En virtud de esto, el presidente del bloque «Arriba Chubut», Juan Horacio Pais, adelantó que la oposición no iba a acompañar el proyecto y cargó duro contra la decisión del gobierno de Ignacio Torres de avanzar con ese convenio con la petrolera en retirada.
«Casi el 80% de los pozos del área Restinga Alí se encuentran dentro del ejido urbano de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Las cuestiones ambientales, conforme lo dispuesto en las constituciones nacionales, provinciales y en la Carta Orgánica Municipal, en muchos casos tienen facultades concurrentes», expuso el justicialista.
«Sin embargo, la falta de publicación de la disposición del Ministerio de Ambiente, no permitió que la Municipalidad de Comodoro Rivadavia pudiera tomar parte del expediente, coadyuvar, reclamar en su caso, y esto no es algo que esté bien», agregó.
Por otra parte, Pais subrayó que de este convenio se desprenden algunos aspectos legales que no quedan del todo claros. «Si la Municipalidad de Comodoro o Rivadavia quisiera demandar a YPF por daños ambientales, ¿qué haría YPF? ¿Citaría a la provincia para que repare el daño? ¿Para que indemnice? Porque le están garantizando indemnidad a la compañía y a sus directores. ¿Esto qué significa? En principio, que están reparando de esta manera, transando el daño ambiental total», inquirió.
Al mismo tiempo, observó que «en caso de cualquier conflicto que se suscite como consecuencia de este instrumento, en lugar de dirimir las cuestiones en los tribunales ordinarios de la provincia de Chubut, que es lo que corresponde, se van a dirimir en los tribunales federales de la Capital Federal, para que le quede bien cómodo a YPF en su ámbito de influencia».
El diputado del oficialismo, Daniel Hollmann, tomó la posta y salió a cruzar a Juan Horacio País sin dejar de mencionar «el silencio que aturde» de Juan Pablo Luque y las idas y venidas con el comodorense Othar Macharashvili. «Nos encontramos con un montón de agoreros de la desgracia que, en lugar de sumar a la situación que está atravesando Comodoro Rivadavia, parece que les gusta los eslogans de campaña, como que el silencio aturde, y acá no hay ningún silencio», dijo.
«Ahora el intendente (Othar Macharashvili) se acuerda de lo que está pasando, ¿cuál es la intencionalidad de ésto? No quiero hacer malas interpretaciones pero no me queda otra que analizarlo. En el traspaso del área del Campamento Central en Comodoro, se cursaron notas con el municipio poniendo en conocimiento cómo se iba a llevar adelante el procedimiento. ¿Saben cuál fue la respuesta de la Municipalidad de Comodoro? Ninguna», remató Hollmann.

GASODUCTO CORDILLERANO
El convenio de la obra del Gasoducto Cordillerano, que firmó el gobernador Ignacio Torres con sus pares de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, dividió las aguas en el bloque del justicialismo. 
Por su parte, el diputado de Despierta Chubut, Sergio Ongarato, expuso que «se trata de ampliar la capacidad de transporte de gas en un 25% más para 25 localidades de toda esta región. Más de 12.000 nuevas conexiones de gas van a haber para hogares, escuelas, hospitales, industrias, comercios. Son también fuentes de trabajo, y de lo contrario se dificultaría o sería imposible realizarla».

TRASPASO DE ACCIONES DE YPF
En otro orden de cosas, los diputados aprobaron, con los votos afirmativos de 23 de los 24 diputados presentes, el «Acuerdo Federal para la implementación de la Ley Número 26.741» y que define la actuación de YPF en el cumplimiento del artículo 124 de la Constitución Nacional.
Se trata del acuerdo que, si bien había sido firmado en el año 2012 entre el Estado Nacional y las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), no había sido protocolizado, con su correspondiente aprobación por parte de la casa de las leyes.
«Nos encontramos a más de una década con un convenio sin fuerza legal, sin inscripción registral de las acciones y además con un litigio internacional en curso», explicó al respecto la diputada María Andrea Aguilera, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, al fundamentar la iniciativa.
«Las acciones correspondientes a las provincias que aún no fueron inscritas por falta de instrumentación administrativa y legislativa son vulnerables frente a esa acción judicial de un tribunal extranjero. La ausencia de la inscripción registral dejó a la Provincia expuesta a una afectación ilegítima de su patrimonio», agregó.
Y valoró «una decisión política fundamental: defender los intereses de nuestra provincia. Este proyecto lo que busca no es solo convalidar este acuerdo federal sino también autorizar al Poder Ejecutivo a iniciar acciones judiciales y extrajudiciales que permitan tres cosas: primero, la inscripción efectiva de las acciones en cabeza de la provincia de Chubut. Segundo, la defensa activa frente al embargo preventivo que ha dispuesto la jueza de Nueva York. Y tercero, la protección de los intereses provinciales ante cualquier pretensión que comprometa su patrimonio».
En este contexto agregó: «Otro tema que debemos tener en cuenta al analizar este convenio es el reparto que en 2012 se hizo de las acciones. Entre las provincias de Neuquén, Santa Cruz y Mendoza, se quedaron con el 83% del paquete accionario, mientras que Chubut, con 100 años de historia hidrocarburífera, recibió solo el 8,4%».
«Desde la firma del acuerdo de 2012 hasta hoy, hasta su protocolización, pasaron 13 años de omisión institucional, de desidia administrativa, y de falta de voluntad política de traer a esta Legislatura ese acuerdo», recordó. Y en este sentido dijo que en el momento de la firma del acuerdo «faltó coraje institucional porque sabían que Chubut había sido enormemente perjudicada en la distribución y el proceso de las acciones».