La intervención de la Cooperativa de Rawson pidió la nulidad de un millonario contrato y denunciará penalmente a ex autoridades
El asesor legal de la Cooperativa Eléctrica de Rawson, Mario Bensimón, confirmó a Diario EL CHUBUT que el pasado lunes se presentó una acción civil solicitando la nulidad de un contrato firmado por el anterior Consejo de Administración con un estudio jurídico de Mar del Plata, por considerarlo irregular y económicamente perjudicial para la entidad. Además, anticipó que la próxima semana se radicará una denuncia penal por presunta administración fraudulenta contra los responsables de ese convenio, al que calificó de «muy oneroso».
por REDACCIÓN CHUBUT 25/07/2025 - 21.07.hs
«Una de las principales irregularidades que se habían advertido era la firma de un convenio entre la Cooperativa Eléctrica de Rawson y un estudio jurídico en Mar del Plata. Formaba parte de un capítulo especial dentro de nuestro análisis de los vínculos contractuales de la cooperativa, y en esa línea advertimos serias falencias que afectaban la validez del contrato», explicó Bensimón.
Según detalló, el contrato implicaba el pago mensual de 25 mil dólares, además de un porcentaje adicional en caso de que el estudio obtuviera resultados favorables en una eventual causa penal.
El asesor legal indicó que entre las causales de nulidad se encuentra el volumen económico del contrato, el cual, según el artículo 66 inciso I del Estatuto Social de la Cooperativa, superaba el 10% del patrimonio de la entidad, sin haber sido aprobado previamente por asamblea.
«Entendemos que los firmantes y el consejo de administración involucrados podrían haber incurrido en el delito de administración fraudulenta. Por eso, además de la acción civil, vamos a iniciar una acción penal pidiendo a la fiscalía que investigue este punto», agregó, lo cual tendrá lugar la próxima semana.
Los ex directivos señalados en la presentación son Josefa Avila, entonces presidenta; Canario y Sandra Alonso, quienes suscribieron el contrato, según explicó. También se responsabiliza al resto del consejo de administración por haber consentido el vínculo contractual, así como a la Comisión de Fiscalización, por no advertir la vulneración del estatuto. «La sindicatura de las cooperativas existe justamente para evitar este tipo de irregularidades», subrayó Bensimón.
Asimismo, explicó que el equipo legal realizó un análisis contable interno, que fue ratificado por una auditoría externa, confirmando que el monto del convenio superaba los límites estatutarios.
Esta es la segunda acción judicial impulsada en el marco de la intervención de la Cooperativa. La primera fue por el incumplimiento de pago en un convenio con el sindicato Fentos, lo que provocó que la deuda con esa entidad se triplicara en poco tiempo.
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