El Gobierno Nacional reestructura la SIDE mediante un DNU y amplía sus facultades para aprehender personas

El texto fue firmado el 31 de diciembre por el presidente Javier Milei junto a todo el gabinete. La norma redefine la organización del área, crea nuevas agencias, disuelve algunas existentes y unifica funciones con el objetivo de facilitar el intercambio de información.
Desde el Poder Ejecutivo explicaron que «la reforma moderniza, ordena y legitima el Sistema de Inteligencia Nacional, lo integra al Estado, lo diferencia de las funciones policiales, lo adapta a amenazas contemporáneas y lo somete a mayores controles».
Entre los cambios, se incorporan conceptos que no estaban explicitados en la legislación vigente, como la definición del trabajo de inteligencia como una actividad de carácter reservado. El nuevo artículo 2do bis establece que todas las tareas del Sistema de Inteligencia Nacional son encubiertas debido a su sensibilidad, con el fin de reducir el Riesgo Estratégico Nacional.
El decreto también precisa el alcance de la contrainteligencia y enumera las acciones comprendidas en ese ámbito, como la prevención de infiltraciones, la fuga de información clasificada, el espionaje, el sabotaje, los atentados contra el orden constitucional y cualquier forma de injerencia externa que afecte el proceso de toma de decisiones del sistema republicano, los intereses estratégicos o a la población en general.
En cuanto a la estructura institucional, la SIDE mantiene su rol central, pero se reorganizan varias dependencias. La Agencia de Seguridad Nacional pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); la Agencia Federal de Ciberseguridad es reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), orientada al ámbito digital; y la División de Asuntos Internos se transforma en la Inspectoría General de Inteligencia (IGI).
La normativa amplía y detalla las competencias de la SIDE, que queda a cargo de la planificación, obtención y análisis de información estratégica, de la conducción del Sistema de Inteligencia Nacional y de la articulación con organismos nacionales y extranjeros. También se le permite solicitar información a cualquier organismo público, coordinar acciones con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y asumir tareas vinculadas a la lucha contra el terrorismo, el análisis geoespacial y la gestión criptográfica del Estado.
Uno de los aspectos destacados del decreto es la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un organismo descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Su función será planificar, ejecutar y supervisar políticas de ciberseguridad destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas, los activos digitales estratégicos y los sistemas tecnológicos utilizados en servicios públicos esenciales.
Para su funcionamiento, se transferirán bienes, recursos y personal que anteriormente cumplían funciones de ciberseguridad en la ex Agencia Federal de Ciberseguridad.
La norma también establece dos espacios de coordinación. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional, integrada por los organismos de inteligencia, áreas especializadas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y otros entes con funciones afines, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto bajo la conducción de la SIDE. Por otro, la Comunidad Informativa Nacional, que agrupa a organismos con capacidad de generar información relevante para el análisis estratégico, como ministerios, Migraciones, Aduanas, áreas de identificación y organismos del sector nuclear.
El decreto señala que la SIDE será la encargada de definir la organización, el funcionamiento y los procedimientos mediante los cuales los integrantes de ambas comunidades deberán aportar información. Según fuentes oficiales, esto crea un ámbito permanente de integración funcional para el intercambio de inteligencia entre los organismos especializados del Estado.
El texto también dedica un apartado a la protección de edificios, bienes y personal de los organismos que integran el sistema, autorizándolos a implementar sus propios dispositivos de seguridad y a repeler o hacer cesar agresiones.
Desde el Gobierno aclararon además que se habilita a los servicios de inteligencia a solicitar apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías, sin superponer funciones, con el objetivo de optimizar recursos y capacidades.
En el artículo 19 se establece que, durante actividades de inteligencia, auxilio o por requerimiento judicial, así como ante la comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá aprehender personas, debiendo informar de manera inmediata a las fuerzas de seguridad competentes.
Finalmente, el decreto prevé la reasignación del personal de los organismos que cambian de denominación o son disueltos y define la continuidad operativa de las estructuras actuales mientras avanza el proceso de reorganización.
Las autoridades nacionales subrayan que la medida busca mejorar la integración del sistema de inteligencia con los ámbitos criminal, militar y financiero, evitar superposiciones y duplicaciones, y fortalecer la confianza pública mediante mayores controles legales, presupuestarios y técnicos. También remarcan que la reforma clarifica funciones, ya que el sector no desempeña tareas policiales ni judiciales, sino que produce inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.